Mientras desaparecen empleadores, se pierden puestos de trabajo y el mercado interno atraviesa una profunda contracción, el gobierno de Javier Milei, con la colaboración de algunos gobiernos provinciales, avanza con la revisión de más de 400 convenios colectivos. La reforma laboral abre una discusión que va mucho más allá de las leyes: quién sostiene la producción, quién protege el empleo y quién termina pagando las consecuencias de la crisis.
Hay una cadena económica que resulta difícil de ignorar. Cuando los salarios pierden poder adquisitivo, las familias consumen menos. Cuando el consumo cae, los comercios venden menos, las industrias reducen su producción y numerosas pequeñas y medianas empresas encuentran cada vez más dificultades para mantenerse en pie y cierran sus puertas. El resultado se traslada al empleo, a los ingresos familiares y a la actividad de comunidades enteras.
Las cifras muestran la magnitud del deterioro. Según el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 se registraron 31.342 empleadores menos y una reducción de 434.126 puestos de trabajo, (personas) formales en unidades productivas. Son, en promedio, 33 empleadores menos, y 460 puestos de trabajo menos por día.
Pero detrás de las estadísticas aparecen historias que retratan con crudeza la situación. En Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, la crisis derivó en despidos, salarios atrasados y reclamos laborales. La compañía llegó a proponer el pago de parte de los sueldos adeudados mediante cajones de pollo. Una imagen difícil de conciliar con la promesa de modernización del mundo del trabajo.
Y es precisamente en este escenario donde el Gobierno comienza a aplicar los artículos 136 y 137 de la Ley de “Modernización Laboral” 27.802. El primero modifica la relación entre convenios de distintos ámbitos, otorgando prevalencia a los de ámbito menor. El segundo establece la convocatoria para renegociar convenios vencidos y contempla, bajo condiciones específicas, la posibilidad de suspender los efectos de su homologación.
La revisión no supone la desaparición automática de los derechos laborales. Sin embargo, modifica las condiciones jurídicas en las que sindicatos y empleadores deberán discutir su continuidad. Para las organizaciones sindicales, el desafío será sostener las garantías convencionales en un contexto de pérdida de empleo y dificultades productivas.
En la Patagonia, donde la actividad energética, industrial y de servicios sostiene buena parte de la economía regional, los convenios colectivos expresan realidades laborales diferentes y décadas de negociación. No son simples documentos administrativos: establecen condiciones de trabajo, categorías, adicionales, licencias y mecanismos de protección que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias, ejerciendo soberanía, ocupando territorialmente nuestra Patagonia.
La reforma impulsada por el Poder Ejecutivo también tiene una dimensión política que no puede quedar fuera del análisis. Su aprobación requirió el respaldo del Congreso Nacional, con la participación de legisladores de las distintas provincias. Los votos emitidos por los representantes de Chubut y Santa Cruz y Tierra del Fuego, como los del resto del país, forman parte de una decisión legislativa cuyos alcances deben ser examinados y dados a conocer públicamente su actitud frente a lo que votaron en el congreso, Diputados y Senadores nacionales.
El debate, entonces, no debería reducirse a cuánto cuesta contratar a un trabajador. También debería preguntarse cómo se recupera el consumo, cómo se sostiene una empresa cuando pierde clientes y qué perspectivas tiene una economía que necesita producir, vender y generar empleo.
Porque cuando se pierde un puesto de trabajo, no desaparece solamente un salario. Se reduce el consumo de una familia, pierde ventas un comercio, disminuye la actividad de un proveedor y se debilita la economía de toda una comunidad.
En ese contexto, la revisión de los convenios colectivos plantea una pregunta que atraviesa el presente argentino: ¿cómo construir una economía con más empleo y producción sin debilitar las garantías de quienes trabajan?