El 25 de Mayo de 1810 las mujeres y los hombres que habitaban este suelo fueron protagonistas de la gesta revolucionaria que marcará a fuego los destinos de nuestra historia. Se trataba de defender y organizar un Pueblo ansioso de construir un destino
común de Patria.
Pero, 214 años después, una vez más, la Patria está en peligro. Y nosotras y nosotros, mujeres y hombres de la Patria, sabemos de qué se trata.
Por eso: rechazamos la tan mentada “ley de bases” ya que contiene enormes condonaciones de deudas a los capitalistas como el blanqueo de capitales y la reducción y beneficios en el impuesto a los “bienes personales” y una moratoria con grandes beneficios a los grandes deudores y evasores. Contiene además, mayores facilidades para avanzar en la destrucción del ambiente para propiciar la mega minería, el fracking y el extractivismo. Mientras se otorgan todo tipo de beneficios a los capitalistas, la ley avanza en la posibilidad del gobierno de cerrar o reducir drásticamente institutos del Estado que albergan a miles de trabajadores como es el caso del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), el INCAA y otros, profundizando los despidos en curso. Delega facultades al Ejecutivo e insiste en meter mano y saquear los 43.291 millones de dólares del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de los jubilados. Plantea además, la privatización total o parcial de numerosas empresas, como Aerolíneas, Trenes Argentinos, YCRT o AySA. El fin del “Estado presente” no es la ausencia del Estado en beneficiar a los capitalistas, sino la de liquidar miles de puestos de trabajo, la educación y la salud pública en la Argentina. Por si esto fuera poco, el gobierno y los bloques que colaboran con la “gobernabilidad” de Milei, acordaron incorporar diferentes puntos de una reforma laboral exigida por las patronales nacionales. Con la UCR y el PRO, y el visto bueno del bloque liderado por Pichetto, se pretende imponer una reforma laboral que extiende los períodos de prueba a los trabajadores, la eliminación de multas a las empresas por trabajo no registrado (las empresas podrían mantener el trabajo en negro sin ningún tipo de consecuencias), la eliminación de la posibilidad del trabajador de ser reinstalado por la justicia frente a un despido discriminatorio por actividad sindical, y terminar con el régimen de indemnizaciones por despidos, entre otros puntos anti obreros que la CGT venía negociando a cambio de que les mantengan la cuota sindical “solidaria”. Pretenden la penalización con años de cárcel a los trabajadores que realicen asambleas o se organicen frente a los atropellos patronales al igual que la penalización de acciones que corresponden al derecho de huelga. Más que nunca queda claro que el gobierno de Milei representa los intereses de los grandes empresarios, las multinacionales, bancos y el FMI quienes le han declarado guerra a las y los trabajadores y a las mayorías populares. Con esta ley pretenden darle anclaje legal a su plan autodenominado “motosierra” y “licuadora”, que pulveriza salarios, jubilaciones y planes sociales, fomenta despidos de decenas de miles de trabajadores y ahoga la educación y la salud pública. Un plan de pobreza planificada, con recesión y una inflación que es la más alta del mundo y que incluye el cese de envío de alimentos a los comedores populares. Un plan criminal que elimina los medicamentos oncológicos para pacientes graves.
El tan mentado “déficit cero” lo consiguen a costa de haber pulverizado los haberes jubilatorios, los planes sociales y los salarios estatales, un ajuste insostenible a las provincias, a la salud y a la educación, el parate de la obra pública, y con una nueva emisión multimillonaria de deuda para continuar destinando recursos para financiar el pago de la deuda externa y todo tipo de beneficios a los capitalistas. Los despidos, retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas y suspensiones derivados de la violenta recesión económica con la que se pretende moderar la inflación, ya suman centenares de miles y recién comienza. En cambio, aumentan escandalosamente los salarios de altos funcionarios y de los senadores.
Reafirmamos la necesidad de defender la producción y el desarrollo industrial de nuestra Nación, protegiendo el desarrollo de las economías regionales que le dan vitalidad económica a un federalismo amenazado por los programas de saqueo de nuestras riquezas en el suelo y subsuelo de la Nación.
Defendemos a nuestras pibas y a nuestros pibes, su derecho a una educación pública, gratuita y de calidad. Defendemos nuestro grito “Ni Una Menos”, porque enfrenta y sacude las entrañas de la cultura patriarcal dominante. Avanzar hacia la paridad de género en términos políticos, económicos, sociales y culturales, es una premisa ineludible para consolidar una Patria justa. Defendemos el reclamo por la interrupción de la entrega de medicamentos oncológicos y para otras enfermedades graves a personas en situación de vulnerabilidad. Defendemos el Estado, sus trabajadoras y trabajadores, para que las corporaciones económicas no decidan por nosotros. Defendemos la libertad de expresión y la comunicación popular, para que esas corporaciones económicas no concentren el mapa de medios en pocas manos y digiten la construcción de un pensamiento único que legitime los programas de ajuste y saqueo. Defendemos las políticas públicas de memoria y lo conquistado en más de 50 años de lucha. Defendemos los juicios a los responsables del terrorismo de Estado y sus cómplices civiles reafirmamos que el único lugar para los genocidas es la cárcel común. Defendemos la democracia, como herramienta para decidir nuestro futuro y rechazamos la persecución política a la militancia popular y a los sindicatos.Defendemos la política como herramienta transformadora de la realidad. Abrazamos la verdad, para que nunca más, por el camino de la mentira, un proyecto económico de miseria se pueda alzar con el gobierno, y lo ejerza con cinismo, hipocresía y represión.
Somos un pueblo digno, con mucha memoria y sabemos de qué se trata todo esto que padecemos: el colonialismo neoliberal sólo puede ofrecernos un destino miserable para las mayorías populares.
Por eso nos enfrentamos al gobierno de Javier MIlei, por el camino de la democracia, en las calles y los haremos también en las urnas. En ese camino, y con estas reivindicaciones y desde estos principios, nos disponemos a forjar la unidad necesaria para construir definitivamente la Patria que soñamos.